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Un juez del Poder Judicial de Querétaro condenó a 40 años de prisión a Luis Fernando “N” por el homicidio calificado de Valentina, ocurrido a principios de septiembre de 2022 en una vivienda ubicada en la colonia Centro de la capital queretana.
La Fiscalía General del Estado informó que el caso fue investigado con enfoque de género desde el inicio; la jueza Miriam Lorena Trejo Ortega desestimó clasificarlo como feminicidio, a pesar de que al momento de ser asesinada contaba con tan solo 17 años.
El crimen, que conmocionó a la sociedad, involucró a un joven de entonces 22 años, estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro, quien asesinó con arma blanca a su exnovia Valentina, tras irrumpir en su domicilio en un aparente ataque de celos por el fin de la relación sentimental.
Luis Fernando fue descubierto por una mujer en el lugar; logró huir y luego atentó contra su propia vida infringiéndose heridas en el cuello y brazos con la misma arma con la que asesinó a Valentina.
Después de varias horas fue hallado por la policía en un hospital donde era atendido por las heridas que se provocó.
Entonces fue detenido y vinculado a proceso penal, pues los fiscales presentaron en el proceso judicial pruebas contundentes con las que lograron demostrar, “más allá de toda duda razonable” la responsabilidad del joven acusado.
La sentencia
Durante la audiencia de individualización de la pena, además de la sentencia privativa de libertad, se impuso al acusado una multa económica y el pago por concepto de reparación de daños, que supera el millón de pesos.
También se le suspendieron sus derechos políticos y civiles mientras cumple su condena en el Centro de Reinserción Social de San José El Alto.
Los familiares de la víctima, respaldados por colectivos feministas, han anunciado que apelarán la decisión del juzgado, argumentando que existen elementos suficientes para que el delito fuera tipificado como feminicidio, conforme al artículo 126 Bis del Código Penal del Estado de Querétaro.
Pese a los antecedentes del caso, como la relación previa entre víctima y victimario y el contexto de violencia emocional, la jueza consideró que no se cumplían todos los criterios jurídicos para reclasificar el delito.
A lo largo del proceso, las autoridades brindaron atención psicológica y legal a los familiares de la menor, quienes siguen exigiendo justicia plena. La Fiscalía, por su parte, reafirmó su compromiso con la política de cero tolerancia a la violencia de género.
