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Al parecer los grupos criminales que operan en México encontraron en el mercado ilícito de vapeadores y tabaco una fuente de ingresos que ya mueve entre 15,000 y 20,000 millones de pesos al año.
Esta actividad es controlada por siete cárteles, según se menciona en el estudio “Humo, vapeo y poder: El nuevo negocio del crimen organizado”, elaborado por organizaciones civiles.
La prohibición a estos productos se dio en 2022 mediante un decreto presidencial, pero pronto se convirtió en un mercado millonario para el crimen organizado, específicamente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Chapitos, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y La Unión Tepito.
“Lo que antes eran mercados marginales hoy son negocios esenciales para al menos siete cárteles”, resumió Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxsm, durante la presentación del informe.
Por su parte, el periodista Óscar Balmen, especialista en seguridad, señaló: “Este mercado ilícito financia armas, logística criminal y enfrentamientos armados en al menos 16 estados de alto riesgo”.
Los especialistas subrayaron que la prohibición vigente generó un mercado dominado por cárteles que importan dispositivos de forma clandestina, los reempaquetan, comercializan por vía digital y los distribuyen mediante redes que incluyen a menores de edad en escuelas y tianguis.
En este negocio, facciones del Cártel de Sinaloa vinculadas a Los Chapitos han establecido un control significativo, mientras La Unión Tepito ha fortalecido vínculos con proveedores asiáticos para dominar la oferta en la capital del país.
El Cártel del Noreste también encontró en los vapeadores una vía de financiamiento, al igual que el Cártel del Golfo que, según el reporte, ha reemplazado el tráfico de fentanilo por el de vapeadores y tabaco para mantener activas sus rutas hacia Texas.
El informe advierte que rutas que se usaban exclusivamente para drogas, armas y migración indocumentada, ahora son las principales vías para mover el tabaco clandestino.
Los expertos reunidos, entre ellos Armando Vargas (México Evalúa), Rodrigo Peña (Colmex) y Fernando Escobar (Causa en Común), coincidieron en que la actual política de prohibición absoluta, lejos de proteger la salud pública, está entregando a los cárteles un negocio rentable, difícil de detectar y con márgenes de ganancia superiores a muchos narcóticos tradicionales.
